Convertirse en un interlocutor entre los gobiernos Federal y Estadual y las intendencias de los municipios que integran el Área de Protección Ambiental (APA) de Pratigi, localizada en el Bajo Sur de Bahía, es una de las prioridades del Consorcio Intermunicipal de APA de Pratigi (Ciapra). Este Consorcio, asociación apoyada por la Fundación Odebrecht, fomenta acciones que contribuyen, en su conjunto, con la administración local y con el desarrollo de las ciudades de Ituberá, Igrapiúna, Nilo Peçanha, Piraí do Norte e Ibirapitanga. Sus iniciativas buscan la implantación y mejora de los servicios, de las infraestructuras y de las acciones sociales y productivas en su área de actuación, fortaleciendo las políticas públicas.

Un ejemplo elocuente es la construcción de 170 viviendas en la región, a través del Programa Mi Casa Mi Vida (Minha Casa Minha Vida), del gobierno Federal. El Ciapra apoyó a Igrapiúna, Nilo Peçanha, Piraí do Norte e Ibirapitanga en la elaboración de los Planos Locales de Vivienda de Interés Social y en el diálogo con el Ministerio de las Ciudades.

En el área ambiental, el consorcio asesoró a las intendencias de Ituberá y Piraí do Norte en la conquista del derecho de conceder licencia ambiental para la ejecución de actividades y emprendimientos de impacto local. Ese resultado es fruto de la propuesta que el Ciapra presentó a la Secretaría del Medioambiente de Bahía a fin de lograr el apoyo a la Gestión Ambiental Compartida, programa que cumple con la directriz del Gobierno de Bahía de descentralizar la gestión pública. “Estamos perfeccionando, de forma articulada y planificada, el desarrollo sostenible de la región”, destaca Heráclito Leite, Intendente de Piraí do Norte y Presidente del Ciapra.

Las intendencias también recibieron el apoyo del Ciapra en la elaboración, ejecución y envío de documentos institucionales necesarios para la propuesta de la enmienda de la iniciativa popular para su aprobación junto a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional. Las enmiendas buscan democratizar la distribución de los recursos financieros del Presupuesto General de la Unión, permitiendo que los municipios presenten sus necesidades e incluirlas en el planeamiento.