Antônio da Silva, de 28 años, cultiva palmito de pupuña en su propiedad ubicada en la comunidad de Mina Nova, en Igrapiúna, Bahía. Hoy, llega a producir 2 mil tallos por mes, lo que le garantiza un ingreso de R$ 1.400. La superficie de cuatro hectáreas donde Antônio realiza sus plantíos fue cedida mediante una alianza rural, instrumentalizada legalmente por el Estatuto de la Tierra, que completó 50 años en noviembre de 2014 y regula los derechos y obligaciones referentes a los bienes e inmuebles rurales y aplica medidas que buscan elevar la productividad agrícola. “Las metas del Estatuto buscan el desarrollo de la agricultura, estableciendo el juego de ganar-ganar por la meritocracia, consustanciado en el aumento de la productividad”, explica Joaquim Cardoso, presidente del Consejo Deliberativo de la Organización de Conservación de la Tierra (OCT).

OCT está vinculada al Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con Sostenibilidad del Mosaico de áreas de Protección Ambiental del Bajo Sur de Bahía (PDCIS), fomentado por la  Fundación Odebrecht con el apoyo de socios públicos y privados. Toda la producción de Antônio se vende a través de la Cooperativa de Productores de Palmito del Bajo Sur de Bahía (Coopalm). La institución, que también integra el PDCIS, orienta técnica y financieramente a los agricultores familiares que cultivan palmito de pupuña.

Según Cardoso, el PDCIS proporcionó una optimización del Estatuto de la Tierra y, después de 50 años, la herramienta garantiza la generación de trabajo e ingreso en el campo. “El agricultor participa de todo el ciclo. De esta forma, se logra en la alianza rural un mecanismo de desarrollo económico y regional que viabiliza el acceso a la tierra y promueve la inclusión social productiva”.